martes 23 de septiembre de 2008

Carta Abierta IV - El laberinto argentino

Carta Abierta IV


El laberinto argentino

La excepcionalidad

Corren tiempos en que es posible percibir que en materia política hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente. Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna otra-, pero mostró un rumbo propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.

Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agromediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante. Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y que debe ser empalmado con el compromiso con las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.

Hay que advertir que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las fórmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.

No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.

En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.

Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de las fuerzas siempre reconocibles de la reacción conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene. Y que tiene sus deudas con un contexto regional signado por los triunfos electorales de fuerzas progresistas y Estados con diálogos renovados con los movimientos populares. Si Argentina se mueve con fluidez y premura en esta escena compartida, es también porque sabe que cuando las campanas doblan su anuncio nos compete. La situación del pueblo boliviano sometido al ataque de formas nuevas, de formas antepasadas o de las últimas invenciones del racismo, el imperialismo, el golpismo y el separatismo –todo ello por partes o fusionado- obliga a la movilización de todos los recursos políticos, culturales y reflexivos para acompañar al gobierno de Evo Morales.

Los símbolos y las acciones

Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió en estos últimos meses en nuestro país. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del “hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino.

El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento de los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje político exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.

Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva fantasmagorías conservadoras en los sectores medios, para cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.

El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática que juegan entre la admonición moralista y la promoción de una civilización del miedo en los grandes centros urbanos. Y contiene asimismo a las propias marañas de las que las fuerzas populares, sobreponiéndose, deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se esperaba que el agrarismo y sus adyacentes perspectivas comunicacionales, recrearan un lenguaje movilizador en otros tiempos invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por lenguajes eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.

¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas imperiosas que deben resolver los movimientos sociales, ellos sí obligados a resolver una conocida disyuntiva. Ni deben estar cómodos siendo apéndices estatales – y siempre existe la tentación de embargarlos por parte del Estado- o, en contrapartida, convirtiéndose en desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares –lo que también supone que sean expropiados por los lenguajes más vulgares de la compleja espesura de la coalición entre ciertos medios de comunicación y determinados grupos económicos. Éstos dilemas, cuando no consiguen ser resueltos, llegan al paroxismo con personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, o bailando en torneos de televisión con pancartas que mostraban a Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén, volviendo a vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno. Son farsas fáciles de percibir en sus signos de degradación. Pero contienen en germen un problema crucial, por el que la necesidad de arraigo y difusión de los movimientos sociales, no debe ser canjeada por el alistamiento silvestre en las retóricas televisivas.

El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores agromediáticos y los nuevos movilizados, ahora parecían el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.

Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. Pero un laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios comunicacionales y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas.

Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social democrático, expresado en infinidad de variantes de lenguaje y militancia. Fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar en la creación de una genuina base de sustentación popular.

Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Como muchos dicen despreocupadamente, “los pueblos no comen símbolos” pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo. Así, como lo demuestra el laberinto argentino, se lucha especialmente por símbolos, cualquiera sea la explicación profunda que se le de a estas evidencias.

Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias y voluntades no siempre disponibles. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.

Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales y se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal. No se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula. La provocación criminal de la derecha boliviana, el uso de la violencia contra el pueblo que apoya decididamente a su presidente y al proyecto democrático-popular que él encabeza, constituye una señal ominosa que no debe ser pasada por alto, en especial allí donde nos ofrece, en espejo, lo que hoy amenaza en nuestro propio país. Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; que hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.

Crítica y conmemoración

Desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos. Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado. Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación.

No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política de derechos humanos no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.

Es necesario dejar de heredar el país de la dictadura y hay indicios, en las políticas gubernamentales, de una efectiva búsqueda de modos más equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino también se halla, como hilo de Ariadna, la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos sociales y derechos democráticos-, cuyo acoplamiento creativo es motivo central de la crítica y la razón política.

Como todos sabemos, el gobierno ha tenido trazados convocantes y perdurables en estos terrenos, aunque a veces realizados con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras a las segundas. Y del lado del gobierno no se logra totalizar las dimensiones de esa confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales singularidades. Un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos en juego supone no perder de vista los grandes panoramas históricos, nacionales y latinoamericanos, a la vez que se tiene la obligación de no dejar de observar los elementos menudos, precarios o marginales.

Estas relaciones entre lo general y lo particular tienen en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia para forjar alternativas y lenguajes. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y las locuciones con los cuales aprehenderlas a la vez que tratar las memorias sociales en juego, recogerlas del olvido o entretejerlas novedosamente. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica el peligro de paralizar las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual se comenzó a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte de sentimientos colectivos en nombre de nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?

Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasan por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla ocasionalmente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como diría el gran Phillip Marlowe sobre un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Sólo la disuasión, el cloroformo masivo que logró impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.

La renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.

No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.

Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.

Sólo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.

La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda, exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.

No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial ni debe ser fachada de acciones de fuerzas económicas que la mejor tradición democrática de nuestras revoluciones fundadoras hubiera rechazado. Debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.

Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Y especialmente de las escrituras y reescrituras, que suponen que cada escritura es a la vez otra, que permite pensarse nuevamente.

Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.

domingo 21 de septiembre de 2008

Sin estado no hay nación

Lo que sigue es el primer documento de trabajo de la comisión de economía de carta abierta.

La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas a la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.

Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de las políticas económicas.

Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y ridiculizadas en los ámbitos especializados.

Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, la crisis hiperinflacionaria de finales de los años 80 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado. El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades intervencionistas en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento y la desarticulación del aparato productivo.

Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado -imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad- completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde el Pueblo hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.

La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización. El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles, profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. Entre ellas, “renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.

El nucleamiento de la nueva derecha en torno al rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del 90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado a la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.

Es necesario destacar el inmenso costo social y económico de este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, cercanas al veinte por ciento y la pobreza atrapó a la mitad de la población.

Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la crisis de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La reactualización del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que reconoce la importancia de la equidad, en comparación con la eficiencia, como pauta de desarrollo social, y propone un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976.

No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de industrialización incipiente con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales, a través de un tipo de cambio alto con retenciones, constituye una medida de política heterodoxa orientada a profundizar el desarrollo industrial.

Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones (derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional) y las fantasías de un grupo minoritario de los actores del campo, que pretendió identificarse con la Nación, han intentado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de tales productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, y de clases medias urbanas ligados al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de numerosos medios de comunicación.

Uno de los pilares del régimen económico heterodoxo que viene sosteniendo el gobierno nacional, es el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávits fiscal y externo permite recrear un modelo con una mayor participación del Estado en la economía, y reducir la dependencia externa a partir de la acumulación de reservas. La cancelación de las obligaciones con el FMI y el Club de París, y la conquistada quita en la deuda externa son medidas concretas emblemáticas dirigidas a fortalecer la soberanía económica y la posición internacional del país.

La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. La rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local permitieron aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación a través de paritarias ha hecho posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores.

La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en la economía es indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la gestión de precios y salarios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación de las mejoras obtenidas en materia de ingresos. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución, y no a la inversa.

El incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía empeoran la vida de los sectores populares.

Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno a la apropiación de los frutos del crecimiento económico e intervenir en el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso.

El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 incrementa de manera esencial los efectos del modelo macroeconómico sobre el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. Su aplicación, además, permite desacoplar los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional. Mientras que las retenciones reducen el nivel de precios, la movilidad hubiera moderado sus variaciones posteriores. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.

La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural.

Sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos, dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en Argentina.

Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.

jueves 18 de septiembre de 2008

Bolivia para todos.

viernes 11 de julio de 2008

Sin palabras....

Me hace acordar a "se acabo la leche de la clemencia..."

Economistas frente al conflicto agropecuario

Más actores incorporan sus voces al debate por los derechos de exportación moviles....


Por Alejandro Rofman, Guillermo Wierzba y otros *

Sostenemos, como lo hicimos al inicio del actual conflicto, que las retenciones son una herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos, para promover la distribución del ingreso y fomentar la diversificación productiva. Colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía. Permiten desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo. Los derechos de exportación son así un instrumento irreemplazable para una política económica que propenda al desarrollo.
Como afirmábamos hace 100 días, las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles, sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización. Las acciones necesarias implican una mayor y mejor intervención pública y no la promoción de su ausencia.
El agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la Pampa Húmeda, epicentro de las protestas. Aun con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales.
Los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad. En el intento por preservar privilegios extraordinarios –fruto del esfuerzo colectivo para mantener un tipo de cambio competitivo y del alza de los precios internacionales– no han dudado en provocar el desabastecimiento, bloquear rutas, disminuir la actividad industrial y comercial y condicionar el actual debate parlamentario. Reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo. Vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del Estado en materia distributiva. Los economistas comprometidos con la democracia y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social apoyamos la aplicación de retenciones móviles, rechazamos las amenazas de un nuevo lockout e instamos a los empresarios agropecuarios a respetar las resoluciones que se tomen por parte del órgano que expresa la soberanía popular.


* Matías Kulfas, Benjamín Hopenhayn, Mario Rapoport, Alberto Müller, Norberto Crovetto, Alejandro Vanoli, Horacio Rovelli, Natalia Fridman, Mariano Borzel, Agustín Crivelli, Claudio Casparrino, Rodrigo López, Juan Manuel Vázquez Blanco y siguen las firmas

lunes 30 de junio de 2008

El otro campo

Les acerco un fragmento del documento del Frente Nacional Campesino sobre su posición en el conflicto actual.

Completo acá

El Frente Nacional Campesino es un espacio surgido con el apoyo de cuatro organizaciones: Mocafor, Formosa; Mocase, Santiago del Estero; MAM, Misiones; y Mocaju, Jujuy. Ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe. Desde que los barones de la soja y por detrás de ellos las grandes corporaciones multinacionales y pools de siembra han desabastecido gravemente a nuestro pueblo, colocando en el orden del día la cuestión agraria, una algazara incontenible de opiniones escritas y orales ha invadido el espacio de las grandes marquesinas institucionales. Pero hasta el momento los medios masivos de comunicación no se han enterado de que los campesinos no solamente son una realidad en algún recóndito lugar de América latina sino que, también, pertenecen a este territorio, que alguna vez estuvo poblado de pueblos originarios y hoy de campesinos que viven cuidando la tierra y la semilla para protegerse.

Cuando a comienzos de la década de 1960 comenzó la denominada etapa de la expansión de la frontera agropecuaria, y junto con ella la recomposición estratégica de la burguesía terrateniente, luego del estrago doloroso del ecosistema de los montes y selvas del Gran Chaco argentino, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones campesinas de la región, y muchas de ellas terminaron agrupándose alrededor de las Ligas Agrarias. Pero este proceso asociativo se interrumpe bruscamente con el terrorismo de Estado.

La instalación del modelo de monocultivo transgénico vino acompañada por una avanzada formidable de empresarios y terratenientes que decían traer el progreso. Pero como habían dicho lo mismo en tiempos de La Forestal, los campesinos dijeron: “A Don Progreso no queremos conocerlo...”, porque ya se sabe que solamente trae desolación y muerte.

Poco a poco, después de la oscura noche de la dictadura militar, las organizaciones campesinas fueron asumiendo conciencia de sus derechos posesorios: “El que yo tenga la cosa bajo mi poder constituye la posesión”, decía Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho. Y el inveterado principio posesorio del Código Civil de Vélez Sarsfield vino en nuestra ayuda para decir “la posesión vale título” y ejercer con viva voz el artículo 2470 que habilita el ejercicio de la autodefensa de la posesión, en los casos que los auxilios de la Justicia lleguen demasiado tarde. Y, como siempre sucede, la Justicia o llega tarde o casi nunca llega.

El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado con este acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque sin la tierra el campesino deja de ser lo que es. Este derecho pertenece al ámbito de los derechos humanos, reconocido en todos los Estados de la comunidad internacional y plasmado en pactos y convenciones como derivación de lo que la doctrina denomina la internacionalización de los derechos humanos. Como resultado de ello, nuestra Constitución Nacional ha incorporado mediante la reforma de 1994 los Tratados del derecho humanitario de gentes en el artículo 75, inciso 22, como normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno argentino.

Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde 1996 en que se habilitaron para su comercialización las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturización en las mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas, de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras formas de producción relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente. Todo ello con el objetivo de implantar un modelo industrial de agricultura sin agricultores. A ello se debe agregar el grave daño a la salud y a la tierra de las comunidades campesinas que son fumigadas indiscriminada e impunemente con los agrotóxicos que acompañan el cultivo de las semillas transgénicas, provocando en forma masiva enfermedades de piel y respiratorias, cuando no leucemias, malformaciones, abortos y enfermedades terminales.

sábado 14 de junio de 2008

¿Cuál lock out?

En una nota basada en datos de la aduana para los primeros 5 meses del año, se evidencia que la exportación de granos no ha sufrido la merma que supuestamente debiera esperarse a partir de las acciones de los productores agropecuarios.

Aquí un fragmento de la misma:

A pesar de que desde el 13 de marzo la dirigencia del campo viene sosteniendo, con breves interrupciones, un lockout y la orden de no exportar granos, en los primeros cinco meses del año se despacharon al exterior 28,8 millones de toneladas de granos y subproductos, 893 mil toneladas más que en el mismo período de 2007. PáginaI12 tuvo acceso exclusivo a datos de Aduana que reflejan que por esas ventas los exportadores percibieron, luego de descontar las retenciones, 10.399 millones de dólares, un 63 por ciento más que los 6371 millones de dólares que habían conseguido en los primeros cinco meses del año pasado. La empresa que más exportó fue Cargill, que facturó 2364 millones de dólares. La que más creció fue Aceitera General Deheza, del senador Roberto Urquía, que ganó la banca por el kirchnerismo, que incrementó sus ventas externas respecto del mismo período de 2007 en un 98 por ciento. Las cifras revelan que el lockout no es para las exportaciones, como aseguran las cuatro entidades del sector: la protesta, y su consecuente escasez de alimentos, la padecen los consumidores argentinos. Además, el fuerte crecimiento de los despachos al exterior da cuenta del excelente momento que vive el sector.

La nota completa aquí.