Del mangrullo al faro

Carta Abierta IV - El laberinto argentino

2008-09-23T11:19:00.002-03:00

Carta Abierta IV

El laberinto argentino

La excepcionalidad

Corren tiempos en que es posible percibir que en materia política hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente. Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna otra-, pero mostró un rumbo propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.

Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agromediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante. Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y que debe ser empalmado con el compromiso con las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.

Hay que advertir que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las fórmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.

No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.

En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.

Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de las fuerzas siempre reconocibles de la reacción conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene. Y que tiene sus deudas con un contexto regional signado por los triunfos electorales de fuerzas progresistas y Estados con diálogos renovados con los movimientos populares. Si Argentina se mueve con fluidez y premura en esta escena compartida, es también porque sabe que cuando las campanas doblan su anuncio nos compete. La situación del pueblo boliviano sometido al ataque de formas nuevas, de formas antepasadas o de las últimas invenciones del racismo, el imperialismo, el golpismo y el separatismo –todo ello por partes o fusionado- obliga a la movilización de todos los recursos políticos, culturales y reflexivos para acompañar al gobierno de Evo Morales.

Los símbolos y las acciones

Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió en estos últimos meses en nuestro país. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del “hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino.

El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento de los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje político exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.

Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva fantasmagorías conservadoras en los sectores medios, para cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.

El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática que juegan entre la admonición moralista y la promoción de una civilización del miedo en los grandes centros urbanos. Y contiene asimismo a las propias marañas de las que las fuerzas populares, sobreponiéndose, deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se esperaba que el agrarismo y sus adyacentes perspectivas comunicacionales, recrearan un lenguaje movilizador en otros tiempos invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por lenguajes eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.

¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas imperiosas que deben resolver los movimientos sociales, ellos sí obligados a resolver una conocida disyuntiva. Ni deben estar cómodos siendo apéndices estatales – y siempre existe la tentación de embargarlos por parte del Estado- o, en contrapartida, convirtiéndose en desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares –lo que también supone que sean expropiados por los lenguajes más vulgares de la compleja espesura de la coalición entre ciertos medios de comunicación y determinados grupos económicos. Éstos dilemas, cuando no consiguen ser resueltos, llegan al paroxismo con personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, o bailando en torneos de televisión con pancartas que mostraban a Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén, volviendo a vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno. Son farsas fáciles de percibir en sus signos de degradación. Pero contienen en germen un problema crucial, por el que la necesidad de arraigo y difusión de los movimientos sociales, no debe ser canjeada por el alistamiento silvestre en las retóricas televisivas.

El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores agromediáticos y los nuevos movilizados, ahora parecían el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.

Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. Pero un laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios comunicacionales y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas.

Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social democrático, expresado en infinidad de variantes de lenguaje y militancia. Fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar en la creación de una genuina base de sustentación popular.

Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Como muchos dicen despreocupadamente, “los pueblos no comen símbolos” pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo. Así, como lo demuestra el laberinto argentino, se lucha especialmente por símbolos, cualquiera sea la explicación profunda que se le de a estas evidencias.

Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias y voluntades no siempre disponibles. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.

Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales y se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal. No se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula. La provocación criminal de la derecha boliviana, el uso de la violencia contra el pueblo que apoya decididamente a su presidente y al proyecto democrático-popular que él encabeza, constituye una señal ominosa que no debe ser pasada por alto, en especial allí donde nos ofrece, en espejo, lo que hoy amenaza en nuestro propio país. Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; que hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.

Crítica y conmemoración

Desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos. Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado. Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación.

No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política de derechos humanos no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.

Es necesario dejar de heredar el país de la dictadura y hay indicios, en las políticas gubernamentales, de una efectiva búsqueda de modos más equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino también se halla, como hilo de Ariadna, la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos sociales y derechos democráticos-, cuyo acoplamiento creativo es motivo central de la crítica y la razón política.

Como todos sabemos, el gobierno ha tenido trazados convocantes y perdurables en estos terrenos, aunque a veces realizados con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras a las segundas. Y del lado del gobierno no se logra totalizar las dimensiones de esa confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales singularidades. Un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos en juego supone no perder de vista los grandes panoramas históricos, nacionales y latinoamericanos, a la vez que se tiene la obligación de no dejar de observar los elementos menudos, precarios o marginales.

Estas relaciones entre lo general y lo particular tienen en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia para forjar alternativas y lenguajes. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y las locuciones con los cuales aprehenderlas a la vez que tratar las memorias sociales en juego, recogerlas del olvido o entretejerlas novedosamente. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica el peligro de paralizar las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual se comenzó a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte de sentimientos colectivos en nombre de nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?

Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasan por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla ocasionalmente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como diría el gran Phillip Marlowe sobre un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Sólo la disuasión, el cloroformo masivo que logró impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.

La renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.

No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.

Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.

Sólo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.

La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda, exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.

No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial ni debe ser fachada de acciones de fuerzas económicas que la mejor tradición democrática de nuestras revoluciones fundadoras hubiera rechazado. Debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.

Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Y especialmente de las escrituras y reescrituras, que suponen que cada escritura es a la vez otra, que permite pensarse nuevamente.

Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.

Sin estado no hay nación

2008-09-21T17:18:00.000-03:00

Lo que sigue es el primer documento de trabajo de la comisión de economía de carta abierta.

La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas a la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.

Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de las políticas económicas.

Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y ridiculizadas en los ámbitos especializados.

Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, la crisis hiperinflacionaria de finales de los años 80 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado. El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades intervencionistas en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento y la desarticulación del aparato productivo.

Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado -imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad- completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde el Pueblo hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.

La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización. El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles, profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. Entre ellas, “renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.

El nucleamiento de la nueva derecha en torno al rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del 90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado a la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.

Es necesario destacar el inmenso costo social y económico de este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, cercanas al veinte por ciento y la pobreza atrapó a la mitad de la población.

Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la crisis de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La reactualización del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que reconoce la importancia de la equidad, en comparación con la eficiencia, como pauta de desarrollo social, y propone un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976.

No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de industrialización incipiente con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales, a través de un tipo de cambio alto con retenciones, constituye una medida de política heterodoxa orientada a profundizar el desarrollo industrial.

Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones (derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional) y las fantasías de un grupo minoritario de los actores del campo, que pretendió identificarse con la Nación, han intentado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de tales productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, y de clases medias urbanas ligados al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de numerosos medios de comunicación.

Uno de los pilares del régimen económico heterodoxo que viene sosteniendo el gobierno nacional, es el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávits fiscal y externo permite recrear un modelo con una mayor participación del Estado en la economía, y reducir la dependencia externa a partir de la acumulación de reservas. La cancelación de las obligaciones con el FMI y el Club de París, y la conquistada quita en la deuda externa son medidas concretas emblemáticas dirigidas a fortalecer la soberanía económica y la posición internacional del país.

La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. La rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local permitieron aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación a través de paritarias ha hecho posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores.

La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en la economía es indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la gestión de precios y salarios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación de las mejoras obtenidas en materia de ingresos. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución, y no a la inversa.

El incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía empeoran la vida de los sectores populares.

Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno a la apropiación de los frutos del crecimiento económico e intervenir en el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso.

El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 incrementa de manera esencial los efectos del modelo macroeconómico sobre el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. Su aplicación, además, permite desacoplar los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional. Mientras que las retenciones reducen el nivel de precios, la movilidad hubiera moderado sus variaciones posteriores. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.

La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural.

Sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos, dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en Argentina.

Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.

Bolivia para todos.

2008-09-18T13:07:00.000-03:00

Sin palabras....

2008-07-11T13:53:00.004-03:00

Me hace acordar a "se acabo la leche de la clemencia..."

Economistas frente al conflicto agropecuario

2008-07-11T13:24:00.002-03:00

Más actores incorporan sus voces al debate por los derechos de exportación moviles....

Por Alejandro Rofman, Guillermo Wierzba y otros *

Sostenemos, como lo hicimos al inicio del actual conflicto, que las retenciones son una herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos, para promover la distribución del ingreso y fomentar la diversificación productiva. Colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía. Permiten desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo. Los derechos de exportación son así un instrumento irreemplazable para una política económica que propenda al desarrollo.
Como afirmábamos hace 100 días, las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles, sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización. Las acciones necesarias implican una mayor y mejor intervención pública y no la promoción de su ausencia.
El agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la Pampa Húmeda, epicentro de las protestas. Aun con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales.
Los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad. En el intento por preservar privilegios extraordinarios –fruto del esfuerzo colectivo para mantener un tipo de cambio competitivo y del alza de los precios internacionales– no han dudado en provocar el desabastecimiento, bloquear rutas, disminuir la actividad industrial y comercial y condicionar el actual debate parlamentario. Reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo. Vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del Estado en materia distributiva. Los economistas comprometidos con la democracia y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social apoyamos la aplicación de retenciones móviles, rechazamos las amenazas de un nuevo lockout e instamos a los empresarios agropecuarios a respetar las resoluciones que se tomen por parte del órgano que expresa la soberanía popular.

* Matías Kulfas, Benjamín Hopenhayn, Mario Rapoport, Alberto Müller, Norberto Crovetto, Alejandro Vanoli, Horacio Rovelli, Natalia Fridman, Mariano Borzel, Agustín Crivelli, Claudio Casparrino, Rodrigo López, Juan Manuel Vázquez Blanco y siguen las firmas

El otro campo

2008-06-30T17:21:00.003-03:00

Les acerco un fragmento del documento del Frente Nacional Campesino sobre su posición en el conflicto actual.

Completo acá

El Frente Nacional Campesino es un espacio surgido con el apoyo de cuatro organizaciones: Mocafor, Formosa; Mocase, Santiago del Estero; MAM, Misiones; y Mocaju, Jujuy. Ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe. Desde que los barones de la soja y por detrás de ellos las grandes corporaciones multinacionales y pools de siembra han desabastecido gravemente a nuestro pueblo, colocando en el orden del día la cuestión agraria, una algazara incontenible de opiniones escritas y orales ha invadido el espacio de las grandes marquesinas institucionales. Pero hasta el momento los medios masivos de comunicación no se han enterado de que los campesinos no solamente son una realidad en algún recóndito lugar de América latina sino que, también, pertenecen a este territorio, que alguna vez estuvo poblado de pueblos originarios y hoy de campesinos que viven cuidando la tierra y la semilla para protegerse.

Cuando a comienzos de la década de 1960 comenzó la denominada etapa de la expansión de la frontera agropecuaria, y junto con ella la recomposición estratégica de la burguesía terrateniente, luego del estrago doloroso del ecosistema de los montes y selvas del Gran Chaco argentino, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones campesinas de la región, y muchas de ellas terminaron agrupándose alrededor de las Ligas Agrarias. Pero este proceso asociativo se interrumpe bruscamente con el terrorismo de Estado.

La instalación del modelo de monocultivo transgénico vino acompañada por una avanzada formidable de empresarios y terratenientes que decían traer el progreso. Pero como habían dicho lo mismo en tiempos de La Forestal, los campesinos dijeron: “A Don Progreso no queremos conocerlo...”, porque ya se sabe que solamente trae desolación y muerte.

Poco a poco, después de la oscura noche de la dictadura militar, las organizaciones campesinas fueron asumiendo conciencia de sus derechos posesorios: “El que yo tenga la cosa bajo mi poder constituye la posesión”, decía Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho. Y el inveterado principio posesorio del Código Civil de Vélez Sarsfield vino en nuestra ayuda para decir “la posesión vale título” y ejercer con viva voz el artículo 2470 que habilita el ejercicio de la autodefensa de la posesión, en los casos que los auxilios de la Justicia lleguen demasiado tarde. Y, como siempre sucede, la Justicia o llega tarde o casi nunca llega.

El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado con este acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque sin la tierra el campesino deja de ser lo que es. Este derecho pertenece al ámbito de los derechos humanos, reconocido en todos los Estados de la comunidad internacional y plasmado en pactos y convenciones como derivación de lo que la doctrina denomina la internacionalización de los derechos humanos. Como resultado de ello, nuestra Constitución Nacional ha incorporado mediante la reforma de 1994 los Tratados del derecho humanitario de gentes en el artículo 75, inciso 22, como normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno argentino.

Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde 1996 en que se habilitaron para su comercialización las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturización en las mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas, de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras formas de producción relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente. Todo ello con el objetivo de implantar un modelo industrial de agricultura sin agricultores. A ello se debe agregar el grave daño a la salud y a la tierra de las comunidades campesinas que son fumigadas indiscriminada e impunemente con los agrotóxicos que acompañan el cultivo de las semillas transgénicas, provocando en forma masiva enfermedades de piel y respiratorias, cuando no leucemias, malformaciones, abortos y enfermedades terminales.

¿Cuál lock out?

2008-06-14T11:43:00.002-03:00

En una nota basada en datos de la aduana para los primeros 5 meses del año, se evidencia que la exportación de granos no ha sufrido la merma que supuestamente debiera esperarse a partir de las acciones de los productores agropecuarios.

Aquí un fragmento de la misma:

A pesar de que desde el 13 de marzo la dirigencia del campo viene sosteniendo, con breves interrupciones, un lockout y la orden de no exportar granos, en los primeros cinco meses del año se despacharon al exterior 28,8 millones de toneladas de granos y subproductos, 893 mil toneladas más que en el mismo período de 2007. PáginaI12 tuvo acceso exclusivo a datos de Aduana que reflejan que por esas ventas los exportadores percibieron, luego de descontar las retenciones, 10.399 millones de dólares, un 63 por ciento más que los 6371 millones de dólares que habían conseguido en los primeros cinco meses del año pasado. La empresa que más exportó fue Cargill, que facturó 2364 millones de dólares. La que más creció fue Aceitera General Deheza, del senador Roberto Urquía, que ganó la banca por el kirchnerismo, que incrementó sus ventas externas respecto del mismo período de 2007 en un 98 por ciento. Las cifras revelan que el lockout no es para las exportaciones, como aseguran las cuatro entidades del sector: la protesta, y su consecuente escasez de alimentos, la padecen los consumidores argentinos. Además, el fuerte crecimiento de los despachos al exterior da cuenta del excelente momento que vive el sector.

La nota completa aquí.

En el lugar del otro

2008-06-12T23:55:00.005-03:00

Bajo este título, un grupo de docentes, militantes de los DDHH y ciudadanos adherentes expresaron su punto de vista sobre el estado actual de conflicto y su solución dentro de la democracia. Aquí les dejo la totalidad del mismo.

En el lugar del otro.

Durante el transcurso de este conflicto decidimos voluntariamente abstenernos de hacer comentarios públicos sobre el mismo. Esta actitud no fue como resultado de no tener nada que decir al respecto. Como militantes por los derechos humanos, como docentes, como representantes de la cultura y principalmente como ciudadanos pensábamos y sentíamos que lo que estaba en juego era y es importante y había mucho por decir. Pero consideramos adecuado, dada la virulencia del reclamo y la centralidad del mismo en nuestra ciudad, que no era recomendable agregar más leña al fuego y dejar que el conflicto se canalizara por los cauces ya establecidos y con los actores sociales que ya estaban involucrados.
Hasta la semana pasada, sin perder de vista los hechos de dominio público respecto a los aprietes a la prensa, el conflicto parecía estar delimitado, y las modalidades elegidas para la protesta, que repudiamos por las consecuencias negativas directas para los sectores más desprotegidos de la sociedad, tenían cierto barniz de racionalidad. Decimos racionalidad, en el contexto de que el reclamo estaba siendo llevado a cabo por sectores históricamente acostumbrados ejercer gran influencia en el plano político y económico de nuestra ciudad y del país.
Sin embargo, mirábamos con preocupación la evolución de los acontecimientos pues considerábamos que dado el nivel de escala que ya traía el conflicto y la pérdida de control que los sectores más moderados de la protesta estaba teniendo sobre los destinos de la misma, era muy probable que el conflicto saltara de fase y se radicalizaran ciertas acciones frente a la impotencia de lograr una salida favorable a los intereses del núcleo central del reclamo actual: la cadena de valor sojera de la región pampeana, es decir, exportadores, acopiadores, pooles de siembra, proveedores de insumos y servicios, arrendatarios y productores. Nos preocupaba en ese momento, que el conflicto pasara en general del plano simbólico, discursivo, político y/o de las relaciones sociales a un plano de mayor violencia física y coerción. Lamentablemente, el escenario temido se esta configurando. Los hechos ocurridos en las rutas de la región, las críticas a los comerciantes y profesionales que no acompañaron el lock out y principalmente la desafectación de un empleado público como resultado de opiniones vertidas sobre el devenir del conflicto, demuestran que el enojo y la frustración se esta transformando en intolerancia.
Cada uno de nosotros, en estos casi 25 años de democracia, hemos sufrido pérdidas sectoriales importantes. Cada uno de nosotros hemos tenido de reclamar por nuestros derechos y aún así, muchos millones de argentinos fueron literalmente expulsados de la sociedad mientras otros tantos aplaudían a los responsables del genocidio social en el cual se sumió a amplios sectores de argentinos. Cada uno de nosotros hemos dado muchas luchas, hemos perdido muchas de ellas, pero también hemos aprendido a organizarnos, a participar en democracia y hoy sentimos que todo ese aprendizaje lentamente trae sus frutos.
A los sectores que reclaman por sus derechos que sienten vulnerados, los instamos a respetar las instituciones, a respetar los procedimientos democráticos, a defender su punto de vista dentro del orden democrático. Creemos que este conflicto, traerá muchas cosas positivas al fortalecimiento de la democracia y el espacio público. Esos frutos se verán con paciencia, lentamente, como se desarrollan los cambios en democracia.
Aprender a vivir en democracia es un cambio cultural, los cambios culturales son lentos. La ciudad esta cambiando, esta creciendo, en tamaño y en complejidad, y eso se nota. Y a muchos no les gusta. Pero los cambios son inevitables. Reconocerlos, admitirlos, es una condición necesaria para poder administrarlos y aprovecharlos positivamente. La complejidad no es algo que se resuelva en un despacho, en un aula, en un taller o en un piquete. Se resuelve coordinando las acciones de todos ellos a través del diálogo y del debate de ideas.
La democracia se aprende dialogando, reconociendo al otro, acertando, errando, pero principalmente creando. Creando un futuro común que integre la mayor cantidad de los presentes deseables para cada uno de los integrantes de una comunidad.

Carta abierta/3 - La nueva derecha

2008-06-11T10:16:00.000-03:00

En el texto que aquí se publica, el espacio conformado por más de 1500 personas de la cultura, la educación, las ciencias y las artes vuelve a pronunciarse sobre la actual situación política. Ahora examina el surgimiento y las características de una “nueva derecha”, un actor social que se piensa “contra la política”, que “reclama eficiencia y no ideología” en defensa de “los poderes existentes”.

¿Cómo se puede reclamar la nacionalización del petróleo cuando la lucha que se despliega es contra una medida progresiva de índole impositiva? ¿Cómo se puede llamar a la lucha contra la pobreza con aliados que expresan las capas más tradicionales de las clases dominantes? Algo ha sucedido en los vínculos entre las palabras y los hechos: un disloque. Los símbolos han quedado librados a nuevas capturas, a articulaciones contradictorias, a emergencias inadecuadas. Ningún actor político puede declararse eximido de haber contribuido a esa separación. Las situaciones críticas obligan a preguntarse qué palabras les corresponden a los nuevos hechos. Entre las batallas pendientes en la cultura y la política argentina, está la de nombrar lo que ocurre con actos fundados en una lengua crítica y sustentable. Sin embargo, hoy las palabras heredadas suelen pronunciarse como un acto de confiscación. Cualquier cosa que ahora se diga vacila en aportar pruebas de su enraizamiento en expectativas sociales reales. Parece haber triunfado la “operación” sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje.

“Clima destituyente” hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión sustituyó la confianza colectiva. “Nueva derecha” decimos ahora. Lo decimos para nombrar una serie de posiciones que se caracterizan por pensarse contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes. Una derecha que reclama eficiencia y no ideología, que alega más gestión que valores –y puede coquetear con todo valor–, que invoca la defensa de las jerarquías existentes, aunque se inviste miméticamente de formas y procedimientos asamblearios y voces sacadas de las napas prestigiosas de las militancias de ciclos anteriores. Esa derecha impugna la política como gasto superfluo y como enmascaramiento, pero es cierto que la impugna con más dureza cuando la política pretende intervenir sobre la trama social. Tiene distintas inflexiones: desde la ilusoria eficiencia empresarial del macrismo hasta el intercambio directo de dones y rentas imaginado en Gualeguaychú, sin Estado, ni partidos, sólo con golpes de transparencia contra lo que llaman obstáculos.

Transparencia social imposible, como no sea bajo un régimen coercitivo, que expresa su desprecio hacia la política como capacidad transformadora, como intervención activa sobre la vida en común. De ese vaciamiento son responsables, también, los profesionales de la política que priorizaron sus propios intereses mientras sostenían un discurso de lo público. Demasiado tiempo vino degradándose el lenguaje político como para que no surgieran mesianismos vicarios y vaticinios salvadores que en vez de redimir el conocimiento político son el complemento milenarista del espontaneísmo soez. La nueva derecha viene a decir que eso no está mal y que se debe llevar a sus últimas consecuencias, disolviendo la instancia misma de la política. Es fundamentalmente destituyente: vacía a los acontecimientos de sentido, a los hechos de su historicidad, a la vida de sus memorias. Por eso atraviesa fronteras para buscar terminologías en sus antípodas. Es una nueva derecha porque, a diferencia de las antiguas derechas, no es literal con su propio legado sino que puede recubrirse, mimética, con las consignas de la movilización social.

La nueva derecha puede agitar florilegios de izquierdas recreadas a último momento como préstamo de urgencia o anunciar compromisos caros a las luchas sociales de la historia nacional, sea Grito de Alcorta, sea la gesta de Paso de los Libres en 1933, sean las asambleas de 2001. Es una nueva derecha veteada de retazos perdidos, pero no olvidados, de antiguas lenguas movilizadoras. Condena el vínculo vivo de las personas y las sociedades con el pasado, llamando a un ilusorio puro presente que podría desprenderse de esas capas anteriores. Lo hace, incluso, cuando trae símbolos de ese pasado, sujetándolos a relaciones que los niegan o vacían. Cita al pasado como una efemérides al paso. Será jauretcheana si cuadra, aplaudirá a Madres de Plaza de Mayo si lo ve oportuno, dirá que adhiere a Evo Morales si se la apura, y no le faltará impulso para aludir a los mayos y los octubres de la historia. Mimetismo bendecido, tolerado: es la nueva derecha que ensaya el lenguaje total de la movilización con palabras prestadas. Procede por expurgación y despojo, restándole a la realidad algunas de las capas que la constituyen y presentando en una supuesta lisura la vida en común. En ella no hay espesor, diferencias, desigualdades, violencias ni explotación; ella habla del “campo”, trazándonos un dibujo bucólico de pioneros esforzados de la misma manera que considera la pobreza y el hambre como desgracias naturales o como penurias redescubiertas para sostener una mala conciencia de escuderos novedosos de los poderes agrarios tradicionales.

En la nueva derecha reina lo abstracto, pero con la lengua presunta de lo concreto: precisamente la que hablan los medios de comunicación. A la trama moral de las acciones la tornan escándalo moral, denuncismo de sabuesos que dejan saber que las sospechas generalizadas sobre la vida política son instrumentos que pueden sustituir un pensar real. En ella se trata de reivindicar la honestidad de los ciudadanos-consumidores, su espontaneidad expresiva ante las manipulaciones de la vieja política; transparentar es su grito, mostrar un supuesto lenguaje sin espesura es su lema. Sin obstáculos, sin pliegues. Sus lenguajes apuntan a vaciar de contenido historias y memorias de la misma manera que buscan desmontar cualquier relación entre universo reflexivo-crítico y política transformadora. Devastación del mundo de la palabra en nombre de la brutalización massmediática; simplificación de la escena cultural de acuerdo con la continua mutilación de la densidad de los conflictos sociales y políticos.

La nueva derecha es ahora un conjunto de procedimientos y de prácticas que se difunden peligrosamente en las más diversas alternativas políticas. La aceptación de que la escena la construyen los medios de comunicación lleva a un tipo de intervención pública tan respetuosa de ese poder como sumisa respecto de las palabras hegemónicas. Hace tiempo que los estilos comunicacionales habituales recurren al intercambio de denuncias como una cifra moral, que parece menos un proyecto compartible de refundar la política en la autoconciencia pública emancipada que en la circulación de un nuevo “dinero” basado en un control de la política por la vía de un moralismo del ciudadano atrincherado, temeroso, ausente de los grandes panoramas históricos. Moralismo de estrechez domiciliaria, pertrechada, víctima de miedos construidos y de oscuros deseos de resarcimiento. Es un viaje que parece no tener retorno hacia la espectacularización de una conciencia difusa de represalia. Es un recelo que va quedando despojado de contenidos, como no sean los parapetos medrosos de un pensamiento consignatario. Todo lo que implica la misma incapacidad para descubrir que lo que llaman “opinión pública”, que en ciertos momentos de la historia es un acatamiento a lo que habla por ella más de lo que ella balbucea de sí misma.

La nueva derecha se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta. Un intenso intercambio simbólico viene a sellar así la alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el “sentido común” más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales del que tampoco es ajeno un mundo popular permanentemente hostigado por esas discursividades dominantes.

Lo que sucede en Bolivia, quizás el escenario más complejo de la región, debe alertarnos. No porque sean equivalentes los fenómenos sociales y políticos sino porque el tipo de confrontación que las derechas bolivianas despliegan advierten sobre cuánto se puede decidir no respetar la voluntad popular, aun apelando a frenesís plebiscitarios. En la Argentina no estamos ante un escenario de esa índole, pero sí asistiendo a la emergencia de nuevos fenómenos políticos reactivos y conservadores, que atraviesan partidos políticos populares y organizaciones sociales. Todo trastabilla ante la cuerda subterránea que tienden las nuevas derechas. La señora cansada del conflicto, el locutor de la noche harto de la refriega, el pequeño rentista fastidiado de las listas electorales que había votado. Las nuevas derechas ejercen su señorío como una forma de desencanto, llamando al desapego generalizado. El ser social, por fin saturado de las dificultades de una época, llama bajo su forma reactiva a no pensar la dificultad sino a refugiarse en la desafección política, en el módico mesianismo al borde de las rutas. Proclaman que actúan por dignidad cuando son economicistas, y son economicistas cuando demuestran que ésa es la nueva forma de la dignidad.

Atraviesan así toda la materia sensible de este momento de la historia nacional. Su frase predilecta, “no me metan la mano en el bolsillo”, hace de los actos legítimos de regulación de las rentas extraordinarias de la tierra una ignominiosa expropiación. Trata un bien nacional, como la productividad del suelo, como cosa meramente privada. Otras frases reiteran: “Está loca”, e incluso se ha escuchado en la televisión de la noche de los domingos: “Es satánico”. Se interpreta la intervención del Estado en el mercado en la clave de una psiquiatría obtusa de revista de peluquería, de chistoso de calesita o de pitonisa de boudoir. Menos se dice “hay que matarlos”, pero aparece en los añadidos que publican algunos periódicos cuando termina la redacción de sus propios artículos y comienza la carnicería opinativa en un anonimato electrónico sediento de desquite. ¿Ante quién?, ¿para qué? No le importan las respuestas a una nueva derecha que recobra el linaje de las más impiadosas que tuvo el país. Ha soltado la lengua, pero aprendió a decir primero “armonía” y diálogo”, mientras no ocultan la sonrisa sobradora cuando escuchan que se les dice: “¡Y pegue, y pegue!”.

Se considera una redención el uso del lenguaje más incivil del que se tenga memoria en las luchas sociales argentinas. Con impunidad lo han tomado, con rápido gesto de arrebatadores, del desván de los recuerdos y de las historias de gestas desplegadas en nombre de un ideal más igualitario. En un sorprendente movimiento de apropiación para travestirla en su beneficio, han movilizado la memoria de los oprimidos en función de sostener el privilegio de unos pocos, vaciando, hacia atrás, todo sentido genuino, buscando inutilizar una tradición indispensable a la hora de restablecer el vínculo entre las generaciones pasadas y los nuevos ideales emancipatorios.

Es una operación a partir de la cual se definen las lógicas emergentes de esa nueva derecha que no duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos. Lo han hecho en otros momentos cruciales de la historia nacional. La nueva derecha inversionista ha comenzado por invertir el significado de las palabras. ¿Por qué no lo harían ahora?

Ante eso, es necesario recuperar otra idea de política, otro vínculo entre la política y las clases populares, y otra ilación entre hechos y símbolos. Si la nueva derecha reina en una sociedad mediatizada, una política que la confronte debe surgir de la distancia crítica con los procedimientos mediáticos. Si la nueva derecha no temió enarbolar la amenaza del hambre (como consecuencia de su desabastecedor plan de lucha), otra política debe situar al hambre, realidad dramática en la Argentina, como problema de máxima envergadura y desafío a resolver. Es cierto que, visiblemente, hoy no son muchos los que aceptan enarbolar blasones de derecha. Hay que buscarla en todos los lenguajes disponibles, en todos los partidos existentes, en todas las conductas públicas que puedan imaginarse. Los pendones que la conmueven pueden ser frases como éstas: “La nueva nación agraria como reserva moral de la nación”. Es el viejo tema de las nuevas derechas y la identificación, también antigua, de patria y propiedad, de nación y posesión de la tierra. Es el concepto de reserva moral como liturgia última que sanciona tanto el “fin del conflicto” como un tinglado modernizante que no vacila en expropiar los temas del progresismo, pero para desmantelar lugares y memorias. Es una gauchesca de bolsa de cereales como acorde poético junto al horizonte del nuevo empresariado político. Podrán leer a la ida el Martín Fierro y a la vuelta los consejos de Berlusconi.

Los nuevos hombres “laboriosos”, persignados fisiócratas, se indignan porque hay Estado y hay vida colectiva que se resiste a vulnerar la vieja atadura entre las palabras y las cosas. Pero esto ocurre porque la materia ideológica, con sus venerables arabescos y citas célebres, ha quedado deshilvanada, reutilizada en rápidos collages de las nuevas estancias conservadoras del lenguaje. ¿Cómo descubrirlas? Su localización es la ausencia de nervadura social, pues se trata de desplegar para la Argentina futura una nueva cultura social con un único territorio, el de las rentas extraordinarias que desea percibir una nueva clase, interpretando estrechamente las graves necesidades alimentarias del mundo. Parecen campesinos, parecen chacareros, parecen pequeños propietarios, parecen hombres de campo protagonizando una gesta. Pero no son ilusiones estas nuevas creaciones políticas de indesmentible base social nueva. Sin los tractores embanderados, brusca señalización del paisaje que atrae por la carencia de todo matiz, de todo signo mediador. La nueva clase teatraliza una rebelión campesina, pero traza un nuevo destino conservador para la Argentina. Marcha con vocablos fuera de su eje, en una combinación entremezclada que pone en escena la fusión entre formas morales de revancha y captura jocosa de los símbolos del progresismo social.

Asistimos a un remate general de conceptos. Nociones tan complejas como la de “patria agraria”, “Argentina profunda”, “nuevo federalismo”, han resurgido de un arcón honorable de vocablos, cuando significaron algo precioso para miles y miles de argentinos para salir hoy a la luz como mendrugo de astucia y oportunismo. Como en los posmodernismos ya transcurridos, vivimos la sensación de que en el reino de los discursos políticos e ideológicos “todo es posible de darse”. Las palabras parecen las mismas, pero se han dislocado bajo una matriz teleteatral y un recetario de cruces de saltimbanqui, legalizados por la escena primordial de cámaras que infunden irrealidad y deserción de la historia en sus recolecciones vertiginosas. Un nuevo estado moral de derecha surge del neoconservadurismo que reordena los valores en juego, luego de que ha tramitado un liberalismo reaccionario y un modernismo que propone conceptos de la sociedad de la información para hacerlos marchar hacia un nuevo consenso disciplinador y desinformante.

Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada “sociedad del conocimiento”, y ésta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar “fuera de la política”, pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta “falsa conciencia” de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin Estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico.

Una república agroconservadora despliega entonces sus banderas de “nuevo movimiento social”. Tienen todo el derecho a expresarse, pero el examen democrático del gigantesco operativo que han emprendido debe ser también interpretado. Se trata de sustituir un pueblo que consideran inadecuado con otro vestido con galas de revolución conservadora. Hay suficientes ejemplos en la historia del país y en las memorias constructoras de justicia para decir que no lo lograrán.

Carta abierta por una nueva ley de radiodifusión.

2008-06-04T10:48:00.002-03:00

Texto completo de la segunda propuesta para el debate del grupo de 1500 intelectuales de las ciencias, el arte, el periodismo, la literatura, el feminismo y el psicoanálisis. Su primera entrega sirvió de puntapié inicial a una polémica nacional.

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de “el campo” para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre “dos sectores” equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente “marketing”.

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países “serios”, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”. Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? “observatorios” que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:

- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.

- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.

- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.

- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.

- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.

- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.

- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la “libertad de prensa” reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.

Se viene la junta...

2008-05-24T10:36:00.003-03:00

... a no asustarse. Hablamos de la junta nacional de granos.

Ya lo veníamos diciendo. El conflicto por la renta extraordinaria del campo se va a definir discutiendo la renta de los acopiadores y exportadores.
El gobierno reflota una iniciativa que va a traer más revuelo.
Pero garantizar la seguridad alimentaria en el escenario que se viene a nivel mundial será fundamental y mejorar el rol del estado y la capacidad para regular la cadena agroalimentaria será una actividad estratégica central.
Habrá que esperar que sucede en las próximas semanas.

Día de la escarapela.

2008-05-18T11:54:00.002-03:00

"Ponete la escarapela por el pais" fue el principal motor simbólico del relanzamiento del lock out o paro granario de las organizaciones que lideran la protesta del campo. Utilizar un símbolo de unidad para defender un reclamo sectorial siempre fue una tentación para cada uno de los sectores en pugna en la historia de la Argentina. Seguramente algún consultor avezado le habrá recomendado a los dirigentes la necesidad de encontrar un símbolo que aglutinara la opinión pública y emparentara el reclamo sectorial con una gesta nacional.

Ahora, yo me pregunto. Esta semana que empieza la semana de mayo. ¿Que vamos a usar los que no estamos de acuerdo con el reclamo del campo y las modalidades del mismo ? Para analizar alternativas y ver los orígenes de este símbolo, darse una vuelta por acá

El campo en blanco y negro.

2008-05-17T10:18:00.003-03:00

Cuando el gobierno propuso la devolución del aumento de las retenciones como medida compensatoria, el "Melli D'Angeli " declaró, esto no nos sirve... si mañana el productor "se olvida de pagar los aportes patronales, pierde el derecho de cobrar la compensación". Más allá de la picardía para esconder la situación y la falta de confianza al gobierno de los productores agropecuarios con una historia reciente de desencuentros, lo cierto es que el sector agropecuario mantiene una parte importante de su actividad fuera del circuito formal de la economía. Aquí una entrada que ilustra este punto.

Carta abierta

2008-05-15T23:22:00.000-03:00

Este documento fue presentado el martes en la librería Gandhi por una mesa conformada por Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster y Jaime Sorín. Fue firmado por más de 750 intelectuales, entre los que se cuentan decanos de la UBA, David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Eduardo Grüner, Horacio González, José Pablo Feinmann.

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del agro”, ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.

En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.

En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.

Pregunto

2008-05-14T22:21:00.005-03:00

¿Tendrá que ver algo de ésto con ésto?

Los actores ocultos del conflicto

2008-05-10T12:38:00.003-03:00

En el día de hoy retomamos el contacto. Para empezar recomiendo la nota de Alfredo Zaiat sobre los actores ocultos del conflicto. Aquí trascribo parte de la nota:

La nota completa acá

Invisibles

...

Durante muchos años, la información de la cantidad de cabezas de ganado que ingresa en el Mercado de Hacienda o la cotización de la soja a término en el mercado a futuro de Rosario y de Buenos Aires era propia de no más de dos radios y estuvo dirigida a un grupo específico de receptores, interesados en esos datos. Hoy forma parte de las estaciones más importantes, además de verificarse un destacado aumento en la publicidad de empresas vinculadas con el campo. Es un reflejo del bienvenido buen momento que pasa el sector en cuanto a rentabilidad y oportunidad de negocios. La descripción de esa mayor presencia mediático-publicitaria de los intereses del campo sólo es relevante porque provoca, como en su momento fue con los avasallantes bancos y sociedades de bolsa, una distorsión en la percepción de la realidad, donde pareciera que un sector al que en su conjunto le va bien estuviera atravesando la peor de las crisis.

Esa alteración en la forma de comprender el conflicto, además de la desviación que provoca en la información masiva, tiene como responsables a los actores relevantes de la puja. Ni el Gobierno ni las entidades que dicen representar al campo, y en especial la Federación Agraria, han puesto en el centro de la pelea a uno de los grandes ganadores del boom del agro: las multinacionales exportadoras.

Las retenciones son la denominación de los Derechos de Exportación, que les cobra la Aduana a las compañías que despachan los granos al exterior. No los paga el productor, sino que el acopiador-exportador descuenta ese impuesto del precio que le abona al productor. En primera instancia, ni las entidades ni el Gobierno salieron a aclarar, rectificar o denunciar el mecanismo de cálculo de los Derechos de Exportación que realizan esas compañías, que se sospecha perjudicaría a los productores. Después, tampoco han puesto en debate el papel clave que cumplen en la cadena agroindustrial las grandes exportadoras. Como si no existieran, los productores no apuntaron a esas pocas empresas que se quedan con parte importante de la renta de la actividad del sector. Y el Gobierno, por su parte, expuso a través de Guillermo Moreno la insólita propuesta de recrear una suerte de junta nacional de granos bajo el control de esas poderosas empresas. Esas grandes exportadoras mundiales de cereales y oleaginosas tienen la virtud de transitar por la historia con una discreción increíble pese al lugar central que ocupan en la cadena de comercialización.

El retrato de una de ellas, las más grandes que opera en el país, Cargill, colabora en la comprensión del actual conflicto, sobre lo que se dice y mucho más sobre lo que se oculta de la presente batalla política. En un esclarecedor documento preparado por el Observatorio de Empresas Transnacionales se destaca que la estadounidense Cargill opera en el país desde 1947, hoy en cuarenta localidades, contando con 45 acopios, cinco puertos cerealeros, cuatro plantas de molienda de oleaginosas, siete molinos de trigo y dos malterías. El grupo Cargill en Argentina está integrado por las empresas Finexcor (frigorífico), Mosaic (fertilizantes) y Renessen (un joint venture con Monsanto para comercializar maíces especiales), entre otras. Semejante conglomerado tiene en total apenas 3600 empleados en el país. El equipo de investigación del Observatorio, coordinado por Ricardo Ortiz, precisa que los cinco puertos de Cargill son: 1. Puerto Quebracho, al norte de Rosario, con un muelle para barcazas y celdas de fertilizantes que opera Mosaic. 2. Puerto de Punta Alvear, ubicado al sur de Rosario, que anteriormente perteneciera a Productos Sudamericanos. 3. Puerto de Villa Gobernador Gálvez, también al sur de Rosario, es el más nuevo. 4. Puerto de Bahía Blanca. 5. Puerto de Diamante, en Entre Ríos, manejado por una sociedad controlada (Puerto Diamante SA). Los especialistas explican que tener puertos al sur y norte de Rosario es una ventaja competitiva a la hora de hacerse del cereal, porque pueden ofrecer una pequeña ventaja en el flete respecto de competidores que disponen de un solo puerto. De hecho, Bunge y Dreyfus están adoptando esa estrategia de abrir segundos puertos.

En lo que respecta a molienda, el informe del Observatorio explica que Cargill es una de las que más han crecido en el país, con sus plantas en los puertos de Quebracho (soja) y Gobernador Gálvez (soja), a las que suma sus instalaciones en Quequén (girasol y soja) y Bahía Blanca (girasol y soja). También opera la planta que Buyatti posee al norte de Rosario, una de malta en Punta Alvear y otra de cebada con capacidad para 140.000 toneladas, con la idea de abastecer el mercado interno y exportar el saldo a Brasil. Para obtenerlas, Cargill accedió a los beneficios de la Ley 25.924, que le permite la amortización acelerada a los efectos del cálculo de ganancias y la devolución anticipada del IVA.

El Observatorio, una iniciativa del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), señala que Cargill también se destaca en el negocio de la harina de trigo. En 1999, compró el 50 por ciento de la operación harinera de Molinos Río de la Plata tras el desguace de Bunge & Born. La compañía resultante se llamó Trigalia y estaba constituida por siete molinos en la Argentina y dos en Brasil. Finalmente, en 2002 Cargill compró la participación de Pérez Companc en esa firma y pasó a detentar el 100 por ciento de Trigalia, cambiándole el nombre por Harinas Mercosur. Cargill es el principal exportador de harina de la Argentina, junto a Molinos Cañuelas. Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura de la Nación, en promedio en los últimos tres años Cargill exportó el 22 por ciento de los granos, el 20 de los aceites y el 18 de las harinas que salen de la molienda oleaginosa, superando a Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Urquía.

Ya es hora de que los invisibles de esta crisis y principales beneficiarios de la bonanza del agro empiecen a ser tenidos en cuenta al momento de analizar y resolver el conflicto.

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail
Comentario